La Legislatura porteña aprobó ayer nuevo régimen de multas. Los frentistas podrán ser multados. La responsabilidad será de las empresas de servicios públicos cuando las roturas sean provocadas por las mismas.
La Legislatura aprobó ayer un nuevo marco regulatorio para las veredas: los frentistas deberán hacerse cargo de reparar los daños provocados por mal uso o desgaste de las veredas y, a su vez, tendrán la responsabilidad del mantenimiento y la reconstrucción para evitar multas de entre $ 2000 y $ 55.000.
Los propietarios de viviendas o los consorcios quedarán eximidos de la responsabilidad en los casos que las roturas hayan sido provocadas por una empresa de servicios públicos; en esas ocasiones la prestadora deberá asumir el compromiso de la refacción. Los vecinos tendrán la obligación de hacerlo cuando la vereda se haya roto por situaciones particulares, por ejemplo, por el ingreso de un vehículo a un garaje.
Además, el Gobierno de la Ciudad fue habilitado a implementar un régimen jurídico a través de un sistema que fiscalizará los trabajos de las empresas de servicios públicos, como las de agua, energía, gas y telefonía, cuando rompen las baldosas. Las normas aprobadas incluyen el permiso que deberán solicitar las compañías para efectuar la obra de apertura de la vereda a fin de realizar algún arreglo de la red o de renovación.
Para acceder a la autorización, las empresas tendrán que presentar un plan de ejecución y también serán evaluadas por la nueva Subsecretaría de Vías Peatonales, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en torno al cumplimiento de los plazos acordados para la ejecución de la obra.
Los proyectos fueron elaborados por el Ejecutivo porteño para mejorar el mal estado de las veredas, que afecta a más del 50% de los 305.000 frentes con que cuenta la Ciudad, con daños que van desde hundimientos y baldosas flojas hasta huecos cubiertos de tierra.
Con respecto a la nueva ley que otorga mayores compromisos al vecino, éstos tendrán que mantener arreglada la vereda y, de no hacerlo, podrá recibir una multa del Gobierno de la Ciudad. “El titular de un inmueble que no construyere, reparare o mantuviere en buen estado de conservación las cercas y veredas reglamentarias de los inmuebles es sancionado con multa de doscientas (200) a cinco mil quinientas (5.500) Unidades Fijas (UF). Cuando se tratare de un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal, la multa se aplica al consorcio de propietarios”, dice el texto de la norma. Cada unidad fija tiene un valor de medio litro de nafta de mayor valor en el mercado.
Los diputados votaron, con disparidad en los respaldos, algunos de ellos manifestándose en contra de la ley. “No acompañamos la iniciativa que establecía responsabilidades para los frentistas porque transfiere sin atenuante más que el acceso a un crédito, la responsabilidad y el costo absoluto al frentista”, dijo en la sesión Marcelo Guouman (Suma+).
“Es injusto cargarle al frentista la reparación de las veredas”, aseguró Adrián Camps del Socialismo Auténtico, mientras que Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda, señaló que “obligar al vecino es una doble imposición, un doble impuesto”.
En tanto el diputado Daniel Presti (PRO) “siempre la norma fue clara en el sentido de que la vereda es responsabilidad del frentista, pero también cómo se rompe. Si viene una empresa prestataria, la rompe hace un trabajo y se va sin arreglarla por supuesto que la responsabilidad no es del vecino. Hay que ver cada caso de manera puntual”.
Laura Marrone, legisladora por Izquierda Socialista en el FIT, denunció que “estamos frente a un nuevo atropello del PRO contra los vecinos que ya pagan ABL e impuesto al inmueble, al hacerlos responsables de la construcción, reparación y mantenimiento de veredas en una Ciudad que cuenta con el mayor presupuesto por habitante del país. Esto supone, además, un sistema de multas por incumplimiento y la responsabilidad judicial en caso de accidentes de peatones causados por su mal estado. El PRO destinaría 6.500 millones de pesos para reparar veredas de espacios públicos, según el proyecto de ley del presupuesto 2018, un presupuesto abultado que podría contemplar la reparación de veredas de vecinos también”.
“Cabe señalar que los arreglos realizados en los años recientes fueron mal hechos, sin contrapiso, motivo por el cual se rompen al poco tiempo, se despegan por falta de material de fijación, tienen desniveles que no responden a las normativas para circulación de personas con dificultades de movilidad, o se reparan veredas que se encontraban en buenas condiciones, demostrando que no existe control por parte del estado de las empresas constructoras. Además, la creación de un registro de empresas que serían las únicas habilitadas para realizar la construcción y reparación de veredas le impone al vecino que contrate a los amigos del poder que serían habilitados cuando el control que proponemos sería suficiente”, continúo la diputada.
“El ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, reconoció en su exposición en la comisión de presupuesto de la Legislatura que el 64% de las roturas de veredas son generadas por empresas de servicios y que se autorizan 800 roturas nuevas por día. Las empresas realizan aberturas, zanjas, con una deplorable protección, incumplen las normas de seguridad y señalamiento, a la vez que pone en riesgo la integridad física de los transeúntes e impide en muchos casos la circulación de una silla de ruedas. La gente con discapacidad motora y los adultos mayores son las principales “víctimas””, reveló Marrone.
“Rechazamos el proyecto del PRO y reclamamos el tratamiento del proyecto 2643-D-2017 presentado con anterioridad al del Ejecutivo por el FIT en conjunto con el diputado Camps, asesorados por integrantes de la Fundación Rumbo integrantes de REDI (red de personas con discapacidad) donde se propone la declaración del estado de emergencia de las veredas y vados, con el objeto de que el Estado atienda esta problemática, y la creación de una comisión de control de su realización a cargo de las Comunas y de representantes de las asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad que no fue puesto a consideración”, concluyó la legisladora de Izquierda Socialista.
Fuente: Nueva Ciudad.
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